Ha pasado algo más de una semana desde el 23-F pero todavía me estoy recuperando de las sensaciones vividas en esa fecha. Y no me refiero a las polémicas que surgieron del acto del 40 aniversario de esa efeméride, que cuatro décadas después, en vez de servir de nexo de unión, se utiliza para pegar tiros al aire, utilizando pólvora ideológica y sectaria. Entiendo que esto no haya sorprendido a nadie, ya que ahora mismo no hay acto, homenaje o declaración institucional que no genere cierta baba rabiosa en las fauces de los que precisamente deberían dar ejemplo de coherencia y de servicio al interés general. Pero no nos desviemos de lo realmente importante sobre lo que me sucedió el 23-F.

Durante casi diez años había conseguido esquivar el momento fatídico al que lamentablemente no tuve más remedio que enfrentarme la semana pasada. Se me pasó por la cabeza acogerme al derecho de no declarar y solicitar la presencia de mi abogado, pero mi interrogadora no me dio opción. Antes de formular la pregunta clave, me expuso una serie de hechos constatados durante los últimos años, que no me dejaron más salida que asumir mi culpabilidad y lo que es peor, reconocer el perjurio continuado cometido con premeditación y alevosía. Para mí, a partir de ahora el 23-F ya no será el día en el que un tricornio, bajo el que iba un tal Tejero, se coló en el Congreso de los Diputados para agujerear su techo con la intención de llevarnos de nuevo a las tinieblas, sino la fecha en la que mi hija protagonizó un golpe de estado a la inocencia. Mientras me miraba con cierto aire de seriedad, me disparó una pregunta que retumbó en mis tímpanos y provocó un desconcierto similar al sufrido hace 40 años por los que se encontraban en la casa de todos los españoles ubicada en la Carrera de San Jerónimo.

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