Ni se lo merecían en su momento, ni se lo merecen ahora. Ninguna víctima de ETA merecía serlo, ni tampoco se merecen lo que están haciendo con ellas los cómplices de los asesinos y los que deberían protegerles de la barbarie cometida por esos malnacidos. Habrá quienes quieran buscar burdas excusas o mirar para otro lado, pero es una evidencia la revictimización que están sufriendo las víctimas de ETA.

Hace una semana tenía el honor de presentar el acto de entrega del Premio Colmena de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León a la Policía Nacional, un Cuerpo que ha sufrido el asesinato de 188 miembros en actos terroristas. En el trayecto de León a Valladolid, ciudad donde se celebraba la entrega, escuché por la radio una entrevista que hacían al hermano de Fernando Buesa y al hijo de Luis Portero, asesinados por ETA, denunciando la concesión de terceros grados penitenciarios a los asesinos de sus seres queridos. Se pueden imaginar la pena, indignación y vergüenza que me acompañaron durante el viaje y más, si cabe, sabiendo que en el acto que iba a presentar estaría presente el actual ministro del Interior del Gobierno de España. Evidentemente, participé con orgullo en ese acto porque las víctimas y la Policía Nacional se merecen todo.

Pero sin tiempo para que las víctimas puedan secarse las lágrimas de tristeza y de impotencia tras este atropello a la moralidad más básica, nuestra clase política, sin excepción, nos regala un acontecimiento del que deberían sentirse avergonzados hasta el final de sus días, aunque claro, para eso tendrían que tener algo de vergüenza. Resulta que aprueban una ley por unanimidad en el Congreso gracias a la cual los asesinos de ETA, que están cumpliendo condena, saldrán antes a la calle por conmutarles penas cumplidas en otros países.

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