Entra dentro de lo previsible que el Poder intente eliminar o, como mínimo, deslegitimar a aquellos que deben ejercer la labor de control sobre él. Este axioma es una de las bases sobre las que el Sistema, más o menos democrático, consolida su supervivencia. El periodismo es uno de los agentes que juega un papel clave en esa función de vigilancia para denunciar las irregularidades que cometen los que mandan. Por este motivo, la clase política está empeñada en desprestigiar con sus declaraciones y acciones al periodismo libre, buscando que la sociedad asuma que éste carece de la importancia que sí tiene.

Una de las estrategias empleadas desde hace ya algún tiempo por la fauna política es referirse despectivamente a las investigaciones periodísticas como ‘recortes de prensa’ o, en algunos casos, calificándolas directamente como bulos. Eso sí, cuando lo publicado afecta al rival político entonces sí que se puede utilizar como un argumento fiable y veraz, pero cuando lo que hace es sacar las vergüenzas propias, entonces es cuando se rasgan las vestiduras y se acogen al comodín de la desinformación.

La expresión ‘recortes de prensa’ está de nuevo de actualidad por la Proposición de Ley presentada por el PSOE para acabar, supuestamente, con el acoso derivado de acciones judiciales abusivas. A este respecto, es importante destacar que por redes sociales se ha difundido que la Ley de Enjuiciamiento Criminal de España plantea que las noticias periodísticas no podrán servir de base para iniciar un procedimiento de oficio, lo que es rotundamente falso. Lo que sí dice el Tribunal Supremo es que «la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar la apertura de un procedimiento penal para su investigación si la querella que los incorpora, no aporta u ofrece algún indicio de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional».

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